EL MILITAR DE LA MANADA VUELVE AL EJÉRCITO PERO DEFENSA NO LE ASIGNARÁ DESTINO

Alfonso Jesús Cabezuelo, el militar que formaba parte de La Manada y que fue condenado a 9 años de prisión por abusos sexuales, se ha reincorporado hoy al servicio activo del Ejército tras cumplirse la suspensión de seis meses que estaba cumpliendo. Sin embargo, Defensa no le asignará destino hasta que no exista una sentencia firme sobre los hechos en los que está implicado.

El Ministerio de Defensa aplicará a Cabezuelo lo previsto en el artículo 111.3 de la Ley de la Carrera Militar que establece que “en el supuesto de cese en la suspensión de funciones por levantamiento de la prisión preventiva, el ministro de Defensa podrá acordar por resolución motivada en la que habrán de valorarse los hechos imputados, la trascendencia social y el interés del servicio, la prohibición de solicitar y obtener destino por un periodo de tiempo que no podrá exceder del momento de dictarse sentencia firme o auto de sobreseimiento también firme”. Un portavoz del Ministerio de Defensa ha señalado que la suspensión para un militar es una sanción temporal que sólo puede aplicarse un máximo de seis meses. Pasado ese tiempo, la suspensión se levanta automáticamente.

 Por ello, Cabezuelo, que hasta el momento de ser detenido prestaba servicio en Morón de la Frontera (Sevilla), seguirá cobrando el sueldo correspondiente a su antigüedad, pero no cobrará el suplemento correspondiente a la asignación de destino.

Desde el Observatorio de la Vida Militar, se había pedido que Cabezuelo no se reincorporara a ninguna unidad ya que podía ser perjudicial para sus compañeros y para la imagen de las Fuerzas Armadas.

Por otra parte, hoy se ha conocido que 750 jueces han presentado una queja ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos por la “presión social” presente contra el tribunal que juzgó a “La Manada”. Este colectivo lamenta que dicha presión contra la Audiencia Provincial de Navarra se ha hecho “con la complicidad y aliento de políticos que ven una oportunidad para mejorar sus réditos electorales y sin que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya contestado eficazmente a tan preocupantes amenazas contra la separación de poderes y el buen nombre de unos jueces injustamente atacados”.

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