REGISTRAN VARIOS AYUNTAMIENTOS POR FRAUDE EN LAS MULTAS Y SEMÁFOROS

La Policía está llevando a cabo una macrooperación contra la corrupción en ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Asturias y León.

Efectivos de la Udef están llevando a cabo registros en varios ayuntamientos para investigar un posible fraude en la contratación de una empresa para colocar semáforos a cambio del cobro de comisiones y también a la gestión irregular de multas de tráfico.

Los ayuntamientos registrados pertenecen a Madrid, Cataluña y Castilla y León y, según fuentes próximas a la investigación, están previstas 66 detenciones. Entre los municipios afectados se encuentran los de Navalcarnero y Fuenlabrada (ambos gestionados por el PSOE), Arroyomolinos, Torrelodones (regentados por Ciudadanos) y Villanueva de la Cañada y Alcobendas (del Partido Popular).

Es la primera vez que la formación naranja se ve afectada directamente por un escándalo de este tipo. La dirección general de Ciudadanos ha avisado que suspenderá de militancia a los detenidos en la trama.

Los agentes están investigando posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

En el centro de la investigación está la empresa Aplicaciones Gespol SL, filial del grupo Sacyr con sede en Barcelona y que está especializada en aplicaciones para controlar el tráfico rodado. La empresa fue constituida en 2016 y los investigadores creen que habría amañado concursos públicos con la connivencia de los políticos locales.

El caso surgió de la Operación Enredadera, iniciada en Badalona hace dos años por el juzgado de instrucción número 2, aunque se expandió pronto al resto de España por las ramificaciones detectadas. Los efectivos están trabajando bajo la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción, que se encarga de organizar a los agentes de la Udef, efectivos de la Policía Judicial y de jefaturas superiores. El juez ha declarado secretas las actuaciones por lo que se sabe poco más acerca de la investigación.

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